No más actos impunes, en un gobierno del pueblo y una sociedad con necesidad de cambio.
Cuando vemos que los pescadores peruanos, ante el desastre del derrame de “600 barriles” de petróleo crudo, en el Terminal N° 2 de la “Refinería La Pampilla”, no podrán pescar durante meses en 20 playas, de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, ni pueden dialogar con los gerentes de la Refinería de la Pampilla. Es decir, que sus familias y los pequeños negocios de playa, no podrán llevar el pan diario a que tienen derecho fundamental por la vida, y sin poder acceder al empleo y producir, como Constitucionalmente se les reconoce, pero que se les ha vulnerado a ejercerlos.
Cuando constatamos la agonía y muerte indefensa de especies zootécnicas y botánicas del mar de nuestro Grau (animales y plantas marinas de áreas naturales protegidas) sin bienestar alguno, ni para su existir silvestre, ni para el ser humano. Es decir, sin cumplir previamente, ni después, con la mínima previsión y corrección gerenciales del siniestro provocado; ignorando la Ciencia de la Administración, con tal de apetecer intereses mezquinos temporarios, sin visión humana, ni organizacional.
Es más, esta emergencia dañará un horizonte costero futuro por más 20 años, para que podamos recuperar la vida marina, a las condiciones ecológicas cercanas a la descontaminación que antes tuvimos, en nuestro litoral soberano. Por lo que ninguna trasnacional apátrida, de España u otra bandera, puede tratarnos como un patio trasero colonialmente dominado.
Más aún, cuando sólo se da una respuesta por el Grupo Repsol del Perú S.A.C., sin ningún planeamiento estratégico, que para recoger 600 barriles de petróleo, usan sólo lampas y carretillas personales de uso normal en la construcción de obras, así como, de trapeadores domésticos para limpiar las casas familiares. Luego, ¿dónde quedan las trasnacionales sin sus planes y controles de corrección, sin garantías esenciales, ni seguros imprescindibles?, ¿dónde, los barcos extractores por succión computarizada, ante tamaña magnitud y consecuencias nacionales del derrame criminal?.
Pero también al interior, la respuesta ausente o ineficaz de los Poderes Públicos, organismos e instituciones públicas, como el caso del Congreso de la República, que no acierta con promulgar leyes para los problemas y necesidades nacionales.
Un ejemplo a insistir en esta crisis sanitaria y económica: por un proyecto de Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, incluyendo, a nuestraSoberanía Alimentaria, a través de administrar cuatro sistemas propuestos: producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, para los cuales se deben establecer temas esenciales, como:
1. El marco jurídico integral para lograr la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, en el ámbito de proteger el derecho de las personas a una alimentación sana y adecuada.
2. La regulación de la organización de los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles que articulen intersectorial e interinstitucional, los cuatro grandes sistemas antes planteados para administrar los alimentos, y
3. La identificación de la calidad e inocuidad de los alimentos, prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, educación alimentaria y nutricional, comunicación social en estos temas, y mecanismos de evaluación y control.
Entonces, ¿Por qué un gobierno del Pueblo y auténticamente democrático, debe aceptar una campaña de rebelión sin responsabilidad social empresarial, con el agravante de la aplicación inexplicable de “la ley del hielo”?, pretendiendo esta última, el ninguneo o aislamiento al pueblo del Perú, montando la farsa intrigante que no pasa nada grave con dicho derrame petrolero, sin dirigirse directamente en su información a la Nación, siendo ésta colectividad, la real propietaria de dichos recursos naturales.
Llamamos a una Cruzada Nacional por la Cultura de la Moral Peruana, a las instancias y organismos competentes y autónomos de la fiscalización y el control gubernamentales, como el Congreso de la República, Fiscalía de la Nación, Contraloría General. Gobiernos Regionales y Locales, Medios de comunicación masiva, Poder Judicial, entre otros actores, para que en el ejercicio de oficio de sus facultades puedan deslindar responsabilidades y ejecutar las sanciones pertinentes, ante la gravísima situación del derrame de petróleo crudo, originado en la Refinería La Pampilla.
La vida republicana, con su tradicional y grave contratación entreguista, corrupta y de actos impunes, deberá ahora someterse a la Justicia y al Derecho prevalentes, en tanto y por cuanto constituirían conductas sancionables, incluyendo la participación de aquellos mandos de la Marina de Guerra y de los Ministerios sectoriales que resulten incursos, según la normativa gubernamental, políticas públicas, estrategias, planes, sistemas, procesos, procedimientos y acciones concretas.
¡Por un Perú con Principios y Valores Morales y Éticos en desarrollo y con cumplimiento!.
Muy honrado con su visita.
Por: Alberto Quedas (ENE.2022).
