Por una reforma integral del Sistema de Justicia Peruano
I. ASUNTO
El premier del Consejo Nacional de Ministros – CNM del Perú, Aníbal Torres, propone que el pueblo peruano elija a los jueces y fiscales supremos, y a los miembros del Tribunal Constitucional.
Propuesta que saludamos por democrática y por el cambio social y económico que visiona en una necesidad de Justicia muy sentida y prioritaria, en las amplias capas de nuestra sociedad.
II. ANTECEDENTES
El ex Consejo Nacional de la Magistratura – CNM asumió entre sus funciones la de seleccionar, nombrar y ratificar a los jueces y fiscales, de todos los niveles, excepto de aquellos que provenían por elección popular.(jueces de Paz). Para nombrarlos, procedía a ejecutar el concurso público de méritos y a la evaluación personal; lo cual induce a señalar, que el CNM asumió responsabilidad por el proceso estructural de descomposición de la justicia peruana, con alta corrupción e impunidad.
Adicionalmente, la Academia de la Magistratura, era parte constituída en el Poder Judicial, Es decir, “todo quedaba en casa”, sin autonomía decisional.
Igualmente, el CNM era competente para ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles, cada siete años. Mayor oportunidad de “negociación ilícita y arreglo bajo la mesa” existía en dicha ratificación, porque los jueces y fiscales no ratificados, ya no podían reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público, y peor aún, cuando el proceso de ratificación era independiente de las medidas disciplinarias que presentaran.
Así mismo, el CNM era quien aplicaba la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. Su resolución final, fue inimpugnable. Sin embargo, a pesar de todo lo nefasto y no inteligente de la Justicia peruana, sólo observamos impunidad en el acto sancionable.
Con respecto a otras responsabilidades por el fracaso de la justicia en el Perú, tenemos que el control a los jueces y a la dirección del sistema de carrera judicial, fue la Suprema Corte de Justicia, la que designaba a los jueces del sistema. Similarmente, el control funcional a los fiscales, lo asume la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, salvo el caso de los fiscales supremos que es competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos.
III. ANÁLISIS
La realidad de la Justicia en el Perú es de profunda insatisfacción social por la actuación de los órganos de justicia, entre otros, por los ánimos de parcialidad que se encuentran en las decisiones de los magistrados y funcionarios públicos; así como, por lo engorroso y lento que puede resultar un proceso judicial.
El Estado peruano necesita funcionar eficiente y eficazmente, con integridad y transparencia, para brindar realmente el bienestar general que sus ciudadanos demandan, más en estas horas.
Necesitábamos haber revisado el calco y copia que fue nuestra democracia representativa, respecto de los sistemas europeos de la época, que únicamente visualizaron representantes elegidos por voto popular, en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no en el Poder Judicial.
Nos urge sin desmayo, desmantelar la telaraña creada desde 1990, por el fuji-aprismo, que “compraba” las sentencias judiciales y si no se enrolaban, venía la amenaza, la tortura y la muerte, como fue el caso del honorable juez César Diaz Gutiérrez, a manos del oscuro poder mafioso montesinista.
A la actualidad, el actual sistema de Justicia peruano no ha resuelto los problemas que desprestigian la labor de su administración. Históricamente, los políticos han usufructuado la nula injerencia que tuvo el Pueblo en los asuntos de la magistratura; tratando de influenciar en las decisiones de los magistrados de alto nivel, ante la nula participación popular que nada puede hacer por controlar o fiscalizar dichos actos.
Crisis de un poder y sectores involucrados, que demanda la exigencia de una reforma total del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú – PNP, así como, el incremento en la magnitud de las penas que se imponen a los malos magistrados y funcionarios competentes.
Un paso necesario en el análisis de actuación de una organización criminal, conceptuada como quienes promuevan, organicen, constituyan, o integren una organización de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera estructurada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinadas a cometer delitos, puede considerar tres componentes básicos:
1. Organización (Estructura Organizacional, Jerarquización u Horizontalidad, y Permanencia).
2. Identificación del número de miembros integrantes, y
3. Objetivo delictivo.
Respecto a su estructura, no existe uniformidad en ella, pues varía según el origen, grado de desarrollo alcanzado, el tipo de actividades delictivas que realiza o el número de integrantes.
Un ejemplo en el tema de la jerarquización o verticalidad formal de la Organización (1); sucede que en el Derecho Penal es sancionable si, un servidor público se resiste o desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
Contrariamente, habrá facilitación e impunidad, cuando se trata de funcionarios y servidores públicos que son personas que conforman organizaciones criminales (Caso “Los Cuellos Blancos”, creada para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público), dado que sus comportamientos sistémicos inter-actúan recíprocamente, con colusión u orquestación conjunta de voluntades ilegal e ilegítima de funciones y objetivos comunes. Máxime, cuando es agravante el asumir roles de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Y esta situación es el punto central que debemos prevenir y combatir en cuanto al presente Asunto.
Otra pregunta que nunca fue respondida es: ¿Qué hizo el Congreso de la República peruana para evaluar, remover y evitar oportunamente el accionar lumpesco de aquellos miembros delincuenciales y corruptos del CNM?.
IV. PROPUESTA
La propuesta planteada por el primer ministro resulta favorable, como alternativa preliminar para lograr alcanzar un cambio social trascendente, mediante la aplicación de una nueva administración que efectivice la Justicia en el Perú con las regulaciones y medidas adicionales que según la experiencia nos enseñan a continuación.
La Ley deberá normar y establecer el proceso de elección de los fiscales y jueces que conforman los Sistemas de la Fiscalía y la Justicia, mediante la previa selección a cargo del Poder Legislativo, de aquellos abogados que puedan postular en base a méritos profesionales, con mecanismos sobre los requisitos de su perfil profesional, el desempeño jurisdiccional, la capacitación del servicio y la duración prevalente en los cargos a nivel de “Supremos”, con la reserva de mantener cuotas fijas para las mujeres y para los pueblos originarios.
También se sugiere, que considerándose a los procesos jurisdiccionales como elementos conformantes de un sistema integral e integrador de Justicia Nacional, la Ley ha de regular los lineamientos y criterios normativos a considerarse en las relaciones de su interacción con los ámbitos de las funciones, competencias, coordinaciones y responsabilidades de y entre los fiscales y jueces supremos y superiores.
Situación esta última, que se sustenta en la búsqueda por prevenir y disuadir los comportamientos sistémicos con que actúan las personas integrantes de las organizaciones criminales corruptas al interior de los organismos públicos, entidades e instituciones, en general.
Y es que los casos de delincuencia organizada, ocurridos en nuestra Patria, nos enseñan las acciones concretas a utilizar para desmantelar organizacio-nes delictivas y someter a sus cabecillas a la justicia real y concreta que siempre debió perdurar.
¡ Lo Legal y lo Justo deben caminar de la mano, como una mejor posición social y económica !.
¡ La prensa es fiscalización, pero más es su misión educativa y orientadora, amén de objetiva !
Razonable o demagógico? Diversas voces de la sociedad civil vienen manifestando su insatisfacción con la actuación de los órganos de justicia, ya sea por lo engorroso y lento que puede resultar un proceso judicial, como por los ánimos de parcialidad que se encuentran en las decisiones de los magistrados. Muchos exigen la reforma total del Poder Judicial, una actuación más certera del CNM o un incremento en la magnitud de las penas que se imponen a los malos magistrados.
Sin embargo, una radical propuesta ha concitado nuestra atención: que la elección de jueces y fiscales sea mediante el voto popular. Algo que, si bien no muy común, se ha presentado en regímenes con distintos tipos de gobierno. La democracia real representativa vigente en el Perú y en casi todos los países de la región, fue un calco de los sistemas europeos que plantean que el Estado debe contar
Por: Alberto Quedas (FEB.2022).
