Hacia una Política Pública en Salud Mental Peruana – Primera Parte
Por : Alberto Quedas (MAR.2022).
I. INTRODUCCIÓN.
La salud mental, conceptuada por la Oficina Mundial de la Salud – OMS, como no sólo la ausencia de la enfermedad, sino definitivamente, del goce de un estado satisfactorio del bienestar físico, mental y social; nos permite correlacionar en general, que el estado mental de los compatriotas peruanos se encuentra altamente deteriorado, y que no es únicamente por el estrés, la depresión y el componente emocional en la pandemia de Covid 19, sino que se puede tomar lectura en el rebalse explicativo en que vivimos por:
1. la frustración social,
2. la pobreza sin límites,
3. la violencia deshumanizada,
4. la ausencia de desarrollo en democracia, y
5. el no respetar y cumplir con el bien común.
Porque siendo la salud mental, fundamento del bienestar personal y del accionar de una comunidad, su carencia determinará:
1. Que las personas no logren alcanzar sus objetivos personales,
2. Que no superen los obstáculos diarios y avancen en su proyecto de vida, y
3. Que no exista la productividad social, ni el compromiso cívico.
Es decir, dada su importancia nacional e impacto de los problemas psicosociales que produce, demanda del Estado peruano, la prioridad en la adecuada atención de salud y la administración de la inversión requerida. Baste subrayar el nivel de desatención y marginalidad que presenta el paciente de salud mental, más aún de la propia sociedad o grupo social que es su contexto, para evidenciar la gravedad del tema en mención.
II. COMENTARIOS
Todo gobierno, como primer cautelador de la ciudadanía, tiene la responsabilidad social de promover la salud mental de la misma, y en especial, de garantizar la satisfacción plena de la necesidad de salud mental de la población, del sistema de salud del sector y de la oferta de sus prestaciones a la comunidad.
En tal orientación, los gobiernos pueden asumir las acciones siguientes, como elementos para la formulación de una política pública de salud mental, que se guíe por los principios de respeto a los Derechos Humanos, el fundamento de una práctica basada en la evidencia, la búsqueda de la cobertura universal de salud mental, y el enfoque en todos los ciclos de la vida:
1. Brindar mejor información, educación y concientización sobre la salud mental y la enfermedad mental,
2. Proveer mejor y mayor oferta de servicios de salud mental para poblaciones inadecuadamente atendidas o con necesidades insatisfechas crecientes,
3. Satisfacer una mejor protección social y financiera para personas con trastornos mentales, más aún en grupos con desventaja social y económica,
4. Proveer mejor protección legal y soporte social para personas, familias y comunidades afectadas por trastornos mentales.
El diseño de una política pública de salud mental deberá considerar aspectos como los mencionados a continuación:
a. Acopio y sistematización de información y datos universales y de la realidad nacional, incluso de costos y financiamiento.
b. Elaborar una formulación y ejecución de la política sobre las base de planes y programas adecuados.
c. Desarrollar un texto que exprese clara y determinadamente sus lineamientos, especialmente en su accesibilidad, el cuidado comunitario, los vínculos entre las personas con trastornos mentales y sus cuidadores, otros indicadores de la salud mental.
d. Empoderar a los pacientes de salud mental y a sus familias; desarrollar una fuerza de trabajo especializada en salud mental de amplio alcance; construir un enfoque de trabajo en equipo comprometido y multidisciplinario; usar tecnología de punta para mejorar el acceso a la salud mental; identificación y tratamiento temprano de la problemática de salud mental, y reducir la mortalidad prematura.
e. Seguimiento y monitoreo del avance y calidad de los planes.
f. Incluir un cronograma que permita una aplicación estimada de uno o dos años para el desarrollo, y de cinco a diez años para la implantación y obtención de cambios.
El Ministerio de Salud.
Este sector de servicios en el Perú, representa la Autoridad de Salud de nivel nacional y ser su ente rector del sistema de salud, conforme a lo dispuesto por la Ley 26842, Ley General de Salud, y su modificatoria de Ley N° 29889, y que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental.
Por ello, asume competencias exclusivas y rectoras, como la formulación, difusión y evaluación de normas y estrategias para la implementación de acciones en Salud Mental.
Dentro de los problemas que asume el Ministerio de Salud tenemos:
1. Más de la quinta parte de los pobladores urbanos en el Perú, que es mayor de 12 años de edad, presenta alguna enfermedad mental. En el área rural no hay investigaciones confiables.
2. El suicidio significa anualmente, la pérdida de 1,000 peruanos de todas las edades.
3. La violencia familiar peruana, ejercida contra la mujer, niños y aún hombres, representa alrededor del 75% del maltrato nacional, siendo mayoritariamente con daño psicológico.
4. Definitivamente, si tenemos alrededor de un 85 % de carga de enfermedad mental, somos un país cuya población mantiene una alta significación en problemas y trastornos de salud mental. Este es el desafío verdadero, mientras sin auditar, duermen aquellos burócratas con “trámites dilatorios”, aquellos congresistas sin leyes con “beneficio comunitario”, y aquellos jueces “arreglados” (¡¡ Desígneme auditor y en 40 días, los identifico con responsabilidad incluida !!).
5. Del total de la población peruana enferma, únicamente su 20% recibe atención de salud mental, siendo su costo prohibitivo (por consultas, análisis y pruebas, terapias, medicinas, movilidad, tiempos hasta de por vida, marginación social, etc.) el factor decisional para no curarse.
Y esperablemente, el mayor volumen de demanda sin atención está en la Regiones, donde no existe un solo Psiquiatra en determinadas Regiones. Pero si dimensionamos causas a nivel nacional, tenemos sólo 12 trabajadores de salud mental (psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales), para cada 100,000 habitantes. De lo que resulta únicamente, 5 psicólogos y 0.76 psiquiatras por 100,000 habitantes.
Pero, en la misma Lima capital de esta República sin democracia real, ¿Cuántas veces debemos resistir al ver un ómnibus pasarse el paradero, para no recoger un discapacitado físico?; o ¿de aquél cobrador ofensivo y cruel de un microbús, que “diagnostica” que debe pagar pasaje, insulta, captura el carnet “CONADIS” y baja a la mala del vehículo a un discapacitado mental, sin la reacción de “Amor” por parte de los otros pasajeros, de ponerse en los zapatos del “otro”?, y ¿dónde están quienes deben ejercer la fiscalización y control de esa violencia diaria contra la Ley por cumplir?.
¡¡ LOS PACIENTES UNIDOS,
JAMÁS SERÁN VENCIDOS !!
