“Un nuevo pacto sale de la conversación, con todos los agentes, con las empresas grandes, medianas y las denominadas de pequeña escala”, dijo Merino en su despacho ministerial la noche del viernes.
En su primera entrevista desde que asumió el cargo, Merino afirmó que el país requiere de un modelo en la que la minería no solo genere ingresos netos a la balanza fiscal, sino también beneficios a la población, que permita edificar infraestructura nueva, que ayude a regenerar y cuidar el medio ambiente y que respete la cultura local donde se desarrolla.
“Un nuevo pacto sale de la conversación, con todos los agentes, con las empresas grandes, medianas y las denominadas de pequeña escala”, dijo Merino en su despacho ministerial la noche del viernes.
Merino, un pequeño empresario y que gerenciaba una firma de resolución de conflictos, fue designado por el mandatario socialista Castillo, que ha puesto nerviosos a los inversionistas que temen cambios radicales de izquierda en su administración.
El ministro refirió que trabajará para un desarrollo minero con un enfoque “territorial” en un país completamente diverso, de diferentes “naciones”, climas y pisos ecológicos en busca de solucionar los latentes conflictos sociales.
Estos “criterios se basan en la rentabilidad social”, dijo el funcionario.
“Si las empresas cumplen eso, no solo van a desarrollar los proyectos que tienen, sino también nosotros los vamos apoyar, inclusive le vamos a dar incentivos”, anotó.
Respecto a la posibilidad de elevar impuestos mineros para financiar mayor inversión en salud y educación anunciado por Castillo durante su campaña electoral, Merino dijo que la política impositiva es nacional y llegar a un nuevo pacto “no solo implica medidas tributarias (…) se verá caso por caso”.
“No podemos generalizar, a una empresa que está con costos altos no le vas a decir que en tu segmento que operas te voy aumentar los impuestos”, manifestó el ministro.
Castillo nombró al moderado economista Pedro Francke como ministro de Economía a última hora del viernes, en busca de calmar a los agitados mercados luego de que el mandatario designara como primer ministro a Guido Bellido, un legislador radical de su partido marxista Perú Libre.
En Perú, que también es el segundo mayor productor mundial de plata y zinc, operan firmas globales como Freeport McMoRan , MMG Ltd, Aluminum Corp, Newmont Corp, Barrick Gold y Southern Copper del Grupo México, entre otras.
“Nosotros vamos a incentivar la minería, tanto pública como privada. Digo pública porque la mayoría de las empresas extranjeras que invierten en Perú son empresas públicas”, dijo.
-”Vengan a invertir”-
Merino afirmó que las empresas están conscientes de imprimir una “nueva cara social” y ha percibido que no existe temor sobre el desarrollo del sector en el país. “Las empresas que conozco son serias y se informan bien. Las empresas no se dejan llevar por periódicos, entonces hacen el diagnóstico serio”, dijo.
“Lo que le diría a las empresas es que vengan a invertir, que de acuerdo a nuestro criterio de rentabilidad social, si los cumplen, van a tener todo nuestro apoyo”, reafirmó.
Perú tiene una cartera de inversiones mineras por US$ 56,000 millones, la mayoría en cobre. Algunos están parados por la oposición de comunidades que temen contaminación de sus tierras o reclaman mayores beneficios por los recursos.
Uno de estos proyectos es Tía María de 1.400 millones de dólares de Southern Copper y que está estancada desde hace una década.
“Los señores de México tienen yacimientos muy ricos en diferentes partes de Perú, ellos bien saben cuánto tienen en Tía María”, dijo.
“Pero tienes a la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría”.
Sobre el conflicto en la mina Las Bambas de la china MMG Ltd, donde comunidades bloquean desde hace más de una semana las vías que impiden el transporte de su producción, el ministro dijo que será “un facilitador” del diálogo.
“En Las Bambas también vamos hablar con todos los sectores, y va ser de una manera transparente”, indicó.
“Vamos a tratar de llegar a un diagnóstico consensuado de la situación y en función a eso tomaremos las medidas necesarias”, manifestó.
El funcionario señaló además que trabajará para buscar que se formalicen los llamados mineros ilegales e incluirlos en el circuito productivo, principalmente en la extracción del oro que está yendo de contrabando al vecino país de Bolivia.
“Vamos hacer lo posible para que todo lo que ellos producen se queden acá y no se vaya de contrabando a otros lados. Con eso mejoraríamos un montón la economía y ellos (los informales) serían uno de los contribuyentes”, dijo el ministro
