Pedro Castillo denuncia «tortura y maltrato psicológico» durante su detención
El expresidente Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva debido a su supuesta implicación en el evento del 7 de diciembre de 2022 y la investigación en curso sobre una presunta organización criminal, expresó su experiencia de detención sin utilizar la palabra «victimizarse». Esto ocurrió durante una audiencia celebrada el 13 de octubre, donde justificó su recurso de tutela de derechos para anular la investigación en su contra y la detención preventiva por rebelión y conspiración.
Castillo Terrones relató que durante su detención, él y su familia fueron sometidos a amenazas con armas de fuego. «El 7 de diciembre no solamente fui amenazado, no solo he sido apuntado con armas de fuego. ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos, que se den las evidencias?», expresó, refiriéndose a cómo fue intervenido mientras se dirigía con su familia a la Embajada de México.
Continuó argumentando que esta situación constituía «tortura» y «maltrato psicológico» dirigido a su familia, y que desde su detención, ha estado privado de acceso a la luz solar durante su reclusión en prisión.
Pedro Castillo también reafirmó que fue destituido de manera inconstitucional y que su detención fue irregular, ya que no cometió ningún delito en flagrancia, a pesar de sus acciones relacionadas con la disolución del Congreso y otras medidas tomadas durante su mandato.
Su abogado, Eduardo Pachas, se unió a la discusión, argumentando que la detención de Castillo fue irregular y que el proceso de destitución el 7 de diciembre fue inconstitucional, ya que no siguió los procedimientos adecuados.
Pachas enfatizó el uso de la palabra «tortura» al describir el momento en que policías con armas largas participaron en la detención de Castillo cuando se dirigía a la embajada. Preguntó si no era considerado «tortura» cuando alguien es apuntado con un fusil con el objetivo de atacar tanto a esa persona como a su familia, y cuestionó por qué esta descripción no aparecía en el informe oficial.
La fiscal Soledad Meza participó para afirmar que las acciones policiales y fiscales que llevaron a la captura de Pedro Castillo se ajustaron al Código Procesal Penal, ya que fue un acto de flagrancia. La procuraduría también destacó que no se puede hablar de «tortura» cuando se trata de una detención policial que no requiere una orden judicial.
Al término de la audiencia, la jueza Victoria Montoya Peraldo anunció que emitiría la resolución sobre la tutela de derechos dentro del plazo legal establecido.
