CAPÍTULO XVII – SOBRE NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES DE RIQUEZA

El querer seguir lucrando el 70% a las transnacionales es lo que conlleva en nuestro país a los genocidios, la violencia interna, el daño  medio ambiental, imposición minería sobre agricultura, la concentración de medios de comunicación y la corrupción institucionalizada. Caso no  aceptar las empresas las nuevas condiciones del reparto de utilidades,  el Estado debe proceder a la estatización del yacimiento en cuestión,  indemnizando de ser justificado los gastos generados al privado y  administrando el 100% de las utilidades con lo que se cuatriplicaría el  presupuesto del Estado.

Sector Comunicaciones. La empresa privada Telefónica ha decidido  no hacer público sus utilidades netas los últimos años, pero vamos a  inferir las mismas a partir de indicadores anteriores. El año 2016 la  utilidad neta declarada por la empresa Telefónica del Perú (291  millones USD) y Telefónica Móviles (257 millones USD). La sumatoria  de estas dos es de 548 millones USD (1,808 millones de soles), monto  equivalente al presupuesto anual de 8 gobiernos regionales. Esta es la  empresa que más ganancias reportaba después del sector minero y es  la que se niega a pagar al Estado peruano impuestos ascendentes al  monto de 474 millones USD más intereses.  

Al 2017 Telefónica Perú declaró utilidades netas de 73 millones USD,  sin embargo, tiene una venta de 2,637 millones USD; América Móvil  Perú – Claro, no declara utilidades netas, pero reporta ventas por 1,677  millones USD; Entel del Perú tampoco declara utilidades netas, pero  vende por 730 millones USD; Telefónica Multimedia, tampoco declara  utilidades, pero reporta en venta 364 millones USD; Viettel Perú, no  declara utilidades netas, pero declara ventas por 201 millones USD;  etc. 

En realidad, estas utilidades solo se han analizado lo correspondiente  a las 2 o 3 primeras empresas de cada sector que más lucran, porque  en realidad existen mucho más y existen otros sectores como  agroindustria, alimentos, bebidas y licores, comercio, construcción,  pesca, químico farmacéutico, servicios de salud, servicios financieros,  siderúrgica metalúrgica, textil calzado que tampoco han sido  considerados. También deben sumarse las concesiones como las de  las carreteras, corredores aéreos, puertos, aeropuertos, etc. 

Fuentes económicas a ser reevaluadas por el Estado. Debe  procederse a la revisión de todas las concesiones carreteras,  ferrocarriles, cielos, puertos y empresas del Estado que fueron  privatizadas; debe procurarse la nacionalización de nuestros recursos  naturales; revisar los TLC y otros convenios internacionales; garantizar  la inversión de la proporción del reparto de utilidades tras la explotación  de nuestros recursos; cobrarse todo tipo de impuestos; cobro de  impuestos a los privilegiados que hoy gozan de excepcionalidad; abolir  las planillas doradas y servicios especiales a altos funcionarios del  Estado; abolir el Concordato con la Santa Sede, marco sobre el cuál la  Iglesia católica está exonerada de los impuestos y se adjudica sueldos  altos; término de la cédula viva de ex parlamentarios que aún siguen cobrando; término de la pensión vitalicia para el presidente de la  República; participación de las comunidades como accionistas en la  explotación de sus recursos; eliminar los seguros de salud particulares  estatales y extranjeros a los altos funcionarios del Estado; y nueva  conceptualización económica del canon minero. 

Debemos ser conscientes que nuestros recursos naturales  nacionalizados y explotados en función del bienestar popular son la  única oportunidad para vencer la dependencia extranjera, el  neocolonialismo y erradicar la pobreza. 

Invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano. Las  empresas transnacionales lucran el 70% de las utilidades por la  explotación de nuestros recursos mineros, hidrocarburos, energéticos,  comunicaciones, etc., el 30% restante es lo que corresponde al Estado  en el rubro de impuesto a la renta. Lo peor de todo es que las utilidades  del 70% no se invierten en el Perú para fortalecer el mercado interno,  sino se invierten en el extranjero generando empleo, valor agregado,  empresas, infraestructura y fortaleciendo sus mercados. Nuestra  intención es invertir esta proporción del reparto de utilidades o ganancia  a favor del Estado peruano, es decir, que el Estado se haga acreedor  del 70% u 80% y el privado transnacional del 30% o 20%. La  recaudación para el Estado y el pueblo peruano sería enorme con la  consiguiente mejora en sus estándares de vida.  

Si el Estado peruano lo hiciera como lo ocurrido en Ecuador y Bolivia,  cada gobierno regional recibiría una cifra promedio de 4,000 millones  de soles para gastos de inversión, en contraste con lo que reciben  actualmente un monto de 250 millones de soles, monto insuficiente e  injusto, con lo que no habría ningún pretexto para eliminar la pobreza,  la desnutrición, el analfabetismo, falta de vías de comunicación, falta  de saneamiento integral con agua y desagüe, disminuir la mortalidad  materna e infantil, eliminar la dependencia extranjera, garantizar los  programas sociales, cancelar la deuda interna y externa, lograr que la  salud y la educación sean accesibles y gratuitas, triplicar el sueldo de  nuestros trabajadores, defender al empresariado nacional y hacer una  nueva patria. Nuestro Perú estaría en camino a salir del subdesarrollo  y ser una potencia mundial en paz y bienestar. 

El querer seguir lucrando el 70% a las transnacionales es lo que conlleva en nuestro país a los genocidios, la violencia interna, el daño  medio ambiental, imposición minería sobre agricultura, la concentración de medios de comunicación y la corrupción institucionalizada. Caso no  aceptar las empresas las nuevas condiciones del reparto de utilidades,  el Estado debe proceder a la estatización del yacimiento en cuestión,  indemnizando de ser justificado los gastos generados al privado y  administrando el 100% de las utilidades con lo que se cuatriplicaría el  presupuesto del Estado.