CAPÍTULO XIV – SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Somos un país que ha sufrido en Latinoamérica, las décadas del 80 y 90, una de las expresiones más crueles respecto a la sistemática violación de los derechos humanos (DDHH), por parte de agentes del Estado, planificada, propiciada y protegida por los regímenes de Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori. Esta política tuvo antecedentes, pero con una cuantía menor.
La violación de los DDHH significa la cúspide en la deshumanización de la sociedad, más aún cuando llega a tolerarlo y se sume en la indiferencia. Nuestro Partido condena y rechaza todo acto de violación a los DDHH que atente contra la integridad física y psicológica de las personas y los pueblos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es Estado miembro, y su vigencia data desde el 2002 manifiesta respecto a los crímenes de lesa humanidad: “Se entenderá por ello al asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
La potencia más grande del planeta, los Estados Unidos de América, actualmente no es miembro y no ha ratificado su acuerdo con el Estatuto de Roma. Sin embargo, promueve la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual imparte justicia a partir de su óptica y sus intereses, institución a la que actualmente también ha renunciado integrarla, pese a solventarla económicamente, tener la mayoría de empleados norteamericanos y tener su sede en Washington, lógicamente esta paradoja tiene una explicación exclusivamente de dominación geopolítica.
La CIDH, al igual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), son los encargados de calificar qué países cumplen con los estándares de su “democracia”, sirven como pistones de presión contra gobiernos de izquierda o progresistas y tras ese análisis se determina la política exterior respecto a ellos, desde las sanciones, el bloqueo económico comercial, guerra fría, golpes de Estado o intervención militar. Estados Unidos fabrica su propia teoría, ideología o superestructura, para con los demás países con fines de mantener el neocolonialismo.
Los treinta DDHH recogidos en igual número de artículos, ratificados en París por la Asamblea General de la ONU en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, deben ser de estricto cumplimiento para cualquier gobierno de izquierda cuando asuma cualquier estamento de gobierno, pues constituyen postulados irrenunciables.
En el ámbito nacional debemos terminar con el centralismo de los DDHH, promovido por el sistema neoliberal actual, aunque hayan existido algunos avances falta mucho por hacer, un ejemplo palpable del centralismo en DDHH es lo sucedido paralelamente en dos universidades peruanas duramente reprimidas, una de perteneciente a la capital y otra provinciana. Por el acontecimiento en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, donde se perpetró el secuestro agravado, asesinato con alevosía de nueve estudiantes y un profesor, existen militares y un expresidente de la República preso, por el contrario, por lo sucedido en la Universidad Nacional del Centro del Perú, con 250 estudiantes, 10 profesores y 15 trabajadores no docentes asesinados, no existe un soldado procesado o responsable político preso. Los ex presidentes de la República Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez murieron impunemente sin ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad. Nuestro Partido condena todo acto impune de violación a los DDHH, individual o colectivo, cuyos autores deben ser procesados y condenados, y está dispuesto a reparar de manera definitiva y por única vez a todas las víctimas del terrorismo en el marco de la reconciliación nacional.