CAPÍTULO XII – SOBRE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
La corrupción no es un problema de mediocridad jurídica o policíaca, sino de génesis política. En una sociedad neoliberal como la nuestra, donde el culto máximo es hacia la propiedad privada y la rentabilidad económica, bienvenidos sean todos los delitos en aras de ese objetivo.
El neoliberalismo está diseñado para facilitar el saqueo y la explotación de los pueblos en base a las leyes del libre mercado, oferta y demanda, obligando a la sociedad a convivir inevitablemente con la corrupción. La propiedad privada es la antesala que pauta todo y la corrupción es el nuevo terrorismo de Estado, no hay institución pública o privada que no esté involucrada y es la principal causa de la pobreza y subdesarrollo del país.
Fréderic Bastiat postula: “Cuando el saqueo de convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal y un código moral que lo autoriza”. Así se justifican los saqueos ungidos de aparente moralidad, aunque no puedan ocultar del todo la existencia de leyes inmorales pero legales y anhelos morales que son ilegales o alegales.
Esto nos permite concluir que si no cambiamos el modo de producción en el país la corrupción seguirá campeando y este intento pasa por el cambio de Constitución política. Lo que propondremos líneas abajo constituyen meros intentos para disminuir su incidencia.
Descentralización económica, fiscal y tributaria. El gobierno central en su política centralista sigue asignándose anualmente el 70% del presupuesto nacional, haciendo que el 30% restante sea dividido entre los 25 gobiernos regionales y las 4,385 municipalidades (196 provinciales, 1,655 distritales y 2,534 de centros poblados), en todo el país.
Existe una relación directamente proporcional entre la concentración económica y la corrupción, donde existe mayor economía existe mayor corrupción, por ello que los casos emblemáticos en las últimas décadas han envuelto a más de cinco presidentes de la República, dos presos en el Perú, un preso en el extranjero, un procesado y otro suicidado. Frente a este panorama la descentralización de la economía constituye una alternativa para disminuir la corrupción gubernamental central.
Prohibir financiamientos de campaña. Cualesquiera que sean sus fuentes ningún partido debe ser financiado para su campaña excepto por sus militantes. El Estado socialista está en la obligación de abolir los aportes ilegales al demostrarse que este aporte se devuelve con creces mediante comisiones que salen del presupuesto de la obra estatal licitada. Por ello la campaña debe limitarse a la mera exposición, polémica y debate sobre sus propuestas partidarias garantizados por el Jurado Nacional de Elecciones.
Lo ocurrido en el país con el caso Keiko Fujimori que, tras las investigaciones y delaciones, se llegó a descubrir que recibió dinero ilícitamente de Dionisio Romero Paoletti (3 millones 650 mil USD), Rassmuss Echecopar (3,4 millones USD), Confiep (2 millones USD), Odebrecht (1 millón 200 mil USD), Intercorp (378 mil USD), José Chlimper (266 mil USD), Minera Volcan (260 mil USD), Minera Buenaventura (200 mil USD), Alicorp (200 mil USD), Capeco (240 mil USD), de Víctor Rodríguez del Grupo Gloria (200 mil USD), Ferreycorp (100 mil USD), entre otros, ponen en evidencia que esta es una práctica habitual de las empresas sobre la compra de candidatos a la presidencia, gobernación y alcaldías, sobre todo en quienes en su jurisdicción cuentan con recursos económicos o importantes yacimientos.
Publicación de los TLC y los Contratos Ley. El Estado debe crear un portal virtual o página web donde exponga los contratos mencionados, porque el pueblo debe participar del conocimiento y la vigilancia de estos tratados, porque además de ser ventajosos para las transnacionales y no poderse revisar sus cláusulas, incumplen sus obligaciones contractuales, siendo un doble golpe al país. Mientras no se publiquen estos contratos los mismos seguirán gozando de una gran dosis de clandestinidad, favoreciendo a la corrupción.
Consulta a los pueblos con carácter vinculante. Debemos reponerle al pueblo comunal campesino y nativo el derecho de propiedad a su suelo, su subsuelo y el derecho a la autodeterminación. Los resultados de la consulta previa a las comunidades, antes de vulnerar su hábitat, deben tener la categoría vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, la empresa privada y la propia comunidad, para garantizar la paz social.
Es la corrupción que se permite cambiar la estructura administrativa del Estado, creando, facilitando, modificando, derogando, etc., las leyes y normas comunales para obtener réditos económicos violentando sus derechos. La corrupción debe considerarse una amenaza para la paz nacional y mundial, razón por la cual el cambio constitucional es vital.
Imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Si bien esta medida constituye un avance para el país en materia de lucha contra la corrupción, debemos estar pendientes para que no sea derogada o tergiversada su espíritu, por el contrario, solo debe modificarse para su perfeccionamiento, pero debemos tomar en cuenta que la misma puede ser utilizada como un elemento de persecución política, mientras tengamos un poder judicial neoliberal, para lo cual se tendría que tomar algunas precauciones.
Reorganizar el OSCE. Es lamentable que el Estado peruano pierda en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) más del 90% de los arbitrajes en claro beneficio del empresariado privado, no solo dándoles la razón injustamente, sino además indemnizándolos con montos astronómicos, previo soborno y corrupción. Esta cadena de corrupción comienza en el OSCE, órgano dependiente del MEF, y concluye en el funcionario del ente gubernamental que tiene que efectuar el pago. No solo debe ser reorganizado, sino también descentralizado.
Simplificación administrativa en gestión pública. Cuanto más control administrativo burocrático, más eslabones favorables para la corrupción, pues cada eslabón actúa como una “garita” de peaje para la burocracia corrupta. En cada paso administrativo se coimea, se crean tarifarios, se prestan al chantaje, se aceleran o dilatan los trámites “premiándose” la agilidad. La simplificación administrativa ha reducido y agilizado llegar mejor a los objetivos del Estado.
Eliminar sueldos dorados del Estado. Se pagan altos sueldos a funcionarios públicos so pretexto que “si están bien pagados no se van a corromper” cuando este proceder es en realidad un soborno oficial y corruptor de conciencia a quien debiera administrar el Estado en base a valores, lejos de la compensación económica. El contralor de la República es quién debiera liderar esta iniciativa, sin embargo, su sueldo duplica al del Presidente de la República, debiendo corregirse y además eliminar todos los sueldos dorados mencionados en el capítulo precedente a este.
Eliminar la inmunidad política. Existen cuatro tipos de inmunidad, al arresto, al proceso judicial, el derecho al antejuicio político y la no procedencia de investigación frente a un delito no concluido por la comisión investigadora del Congreso. Bajo este escudo se blindan congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, vocales supremos, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Contralor de la República, directores del Banco Central de Reserva, altas autoridades de la Iglesia católica, superintendentes, además del presidente de la República. Esta inmunidad en varias ocasiones ha sido un privilegio que buscan los corruptos para no ser juzgados ni arrestados, blindando a narco congresistas, violadores, evasores de impuestos, lavadores de activo, etc.
Contraloría especial para empresas privadas. La Contraloría General de la República es dura con los funcionarios públicos, pero blanda con el empresariado privado. En realidad, las empresas privadas son el principal elemento corruptor del Estado, bajo la premisa que ningún empresario hace fortuna con su dinero, sino con dinero ajeno, generalmente del Estado, por lo que debe crearse un ente contralor para fiscalizar el sector privado. No hay corrupto sin corruptor, debe atacarse el binomio y no premiarse unilateralmente a uno y condenar al otro.
Abolir licitaciones internacionales escudadas por inmunidad diplomática. Este mecanismo fue creado para burlar y evadir la ley de contrataciones del Estado, la fiscalización, las obligaciones laborales, y el encausamiento jurídico, etc., de empresas que fungen de extranjeras, pero su personal operario es peruano. Una forma abierta de corrupción, apadrinada con la venia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ningún funcionario debe beneficiarse con leyes emitidas por su cartera. Un ejemplo claro de este proceder corrupto se dio al crearse las AFP donde varios funcionarios, incluyendo al ministro de Economía y Finanzas, crearon sus propias AFP. Cuando se hicieron los grandes proyectos de irrigación en la costa, los funcionarios, vía testaferros, compraron los terrenos que se beneficiaban directamente con dicho proyecto. Otros emiten leyes en beneficio del sector privado beneficiando a sus propias empresas como universidades, clínicas, constructoras, etc.
Policía autónoma del poder político. Actualmente la PNP se encuentra politizada y en un falso academicismo donde los ascensos se dan por vara política o estudios de post grado que muchas veces nada tiene que ver con la especialidad policial. Los ascensos debieran darse por méritos frente a crímenes resueltos, brindarle mayor autonomía frente al poder político y fortalecer sus mecanismos de control institucional.
Sistema de concesiones del Estado entregado a privados. En nuestro país se ha creado un organismo perverso llamado Proinversión, estamento encargado de vender al mejor postor las empresas, recursos estratégicos, bienes y servicios del Estado, sin previa consulta a los pueblos o en contra del deseo de estos, amparados en la Carta Magna fujimorista han conllevando al enriquecimiento de un pequeño grupo empresarial y político, en detrimento de la mayoría, generando nuevas capas y afianzando las clases sociales en base a la desigualdad.
Para garantizar la consumación de la concesión en varias ocasiones el Estado ha impuesto por la fuerza sus contratos ley, ordenando el genocidio de los pueblos que resisten la intromisión, como lo ocurrido en Conga, Espinar, Las Bambas, Bagua, Tía María, etc., reprimiendo a las comunidades que defienden su territorio, favoreciendo el daño medio ambiental e imponiendo la minería sobre agricultura y el agua, la empresa sobre el pueblo, el mercado sobre el hombre. La mayoría afectada se empobrece mucho más cuando el recurso no renovable se agota, así pasó con el guano, la pesca, el caucho, el mercurio, entre otros.