CAPÍTULO XI – SOBRE POLÍTICA LABORAL

Defendemos el derecho al trabajo, el derecho en el trabajo y el derecho  después del trabajo, así como la seguridad social con carácter  universal, que permitan una vida digna para los trabajadores. El trabajo  debe estar íntimamente ligado al derecho a la vida, desarrollo de la  persona, respeto a su dignidad y bienestar de su núcleo familiar, a fin  que constituyan pilares sólidos que sostengan una sociedad justa y  equitativa. El trabajo no solo es un derecho, sino un deber de la persona  y su protección debe estar a cargo del Estado. 

Siete de cada diez peruanos son informales laboralmente y no gozan  de derecho alguno. Las actividades con mayor capacidad de generar  empleo no son promovidas por el Estado, como la agricultura y la  industria, sin embargo, se obsesiona por promover la minería cuando  en realidad solo emplea a menos del 1% de la PEA. 

Sindicalismo en el socialismo. La libertad sindical debe ejercerse sin  restricciones, promoviendo su libre afiliación con responsabilidad y la  organización debe constituirse en un brazo de la producción y  productividad de la empresa, puesto que, solo en la medida que la  empresa tenga éxito, las condiciones laborales mejorarán para los  trabajadores mediante la negociación colectiva.  

Debe establecerse formas de participación de los dirigentes gremiales  en las diferentes instancias de gobierno, la política laboral debe elevar  la moral del trabajador, la solidaridad de los trabajadores para con los  intereses del pueblo y la nación, orientado a que la clase trabajadora  se convierta en un elemento con influencia sobre el Estado, debe  orientarse esfuerzos a defender la estabilidad laboral, búsqueda de la  equidad laboral de género, fomentar una remuneración acorde con las  necesidades básicas, mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y  salud ocupacional, ampliar la cobertura de la seguridad social, promover la capacitación de los trabajadores, establecer medios 

eficaces para democratizar la representación laboral y la resolución de  los conflictos laborales, postulados que la Izquierda Unida ya los había  planteado. 

Los líderes sindicales deben capacitarse para comprender el  funcionamiento económico del Estado, no es lo mismo reclamar a una  transnacional que al Estado. Correa explicó que cuando se disputa  renta al capital privado se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al Estado se afecta a la sociedad, en el primer caso en forma  legítima disminuye la rentabilidad de las acciones; en el segundo, en  forma ilegítima disminuyen los libros para nuestros niños, las medicinas  para nuestras familias, los caminos para nuestros pueblos. 

Sobre los derechos laborales. La escasez del empleo remunerado,  promueve condiciones que son aprovechadas para reducir o  desconocer derechos adquiridos de los trabajadores, llegando al  extremo de no abonársele ni la remuneración mínima vital por jornadas  laborales que sobrepasan largamente las ocho horas diarias. Ningún  derecho laboral debe sufrir restricciones o ser abolido, por el contrario,  debemos abolir toda forma de evasión de responsabilidad laboral  empresarial, como la tercerización laboral, las services, el contrato a  plazo fijo o indeterminado, el trabajo por horas, el despido de las  embarazadas, puérperas y madres con niños menores de un año de  edad, garantizándoseles un trabajo digno. La obligación del Estado  socialista debe extenderse a la preocupación por subempleo y el  empleo precario, pues está demostrado que la forma más digna de  enfrentar la pobreza es la generación de trabajo, buenos salarios y  seguridad social. 

Trata de personas. Constituye sin lugar a dudas una amenaza para el  Estado por lo que debe ser combatida con energía. La experiencia de  la súbita inmigración venezolana al país demostró que el Estado  neoliberal es un promotor de la trata, porque los migrantes trabajaban  más de ocho horas diario, perciben la tercera parte del sueldo mínimo,  sin derecho al seguro social, sin compensación por tiempo de servicios,  sin derecho a la maternidad y escolaridad, entre otros, donde el único beneficiado es el sector privado. 

Sobre la explotación infantil. Nuestro país tiene la tasa más alta en  el continente de niños y adolescentes que trabajan, llegando a la suma  alarmante de 1 millón 274 mil 100, lo que constituye un 21.8% de niños  y adolescentes que trabajan en nuestro país, según la OIT al 2019. La  mayoría de la explotación es rural (88%) y se da en los campos  agrícolas y actividades pecuarias (58%), seguida del comercio al por  menor (12%), trabajo ambulante (8%) y limpieza (2%). El Estado  socialista debe abolir todo tipo de trabajo infantil como expresión de  justicia y lucha contra la explotación, por lo que tomamos como  prioridad su erradicación, recusándolo contundentemente, condenando a personas y empresarios que exploten y comercialicen bajo esta  modalidad criminal.