CAPÍTULO IX – SOBRE CULTURA Y TURISMO
El turismo nacional es el mejor parámetro para ver si una sociedad está avanzando hacia el desarrollo o no. El Perú es uno de los países con mayores tesoros arqueológicos en Latinoamérica, infinidad de tradiciones y costumbres, sin embargo, no hemos llegado al aprovechamiento óptimo de estas bondades que indudablemente redundarían en la mejora de las condiciones de vida en nuestro país.
En realidad, en el país no existe una política de Estado orientada y decidida a impulsar el turismo de manera planificada, sin necesidad de privatizar nuestros patrimonios diversos al capital nacional e internacional. Lamentablemente los pocos avances esta materia corresponden al esfuerzo estatal parcial y a la inversión particular de cada empresario privado.
Contamos con casi todas las altitudes y pisos ecológicos; una inmensidad de culturas pre incaicas e incaicas en la costa, sierra y selva; una vasta historia de luchas y pasajes heroicos en la forja de nuestra independencia; paisajes y climas diversos, pues nuestro país está considerado por la ONU como el resumen de la geografía mundial; inmensa variedad de flora y fauna; ruinas arqueológicas; santuarios y centros históricos, entre otras, que no lo ponemos en valor ante el mundo y estamos a la espera que algún empresario extranjero se interese en ella.
El Estado peruano debe garantizar la difusión de la cultura en todos los medios, elevando el nivel de identidad de nuestra sociedad, evitando que seamos víctimas de la alienación, elemento básico para la colonización económica, política y cultural. Para lograr este objetivo debemos concertar con los medios de comunicación la promoción del turismo local, nacional o internacional, debiendo estar indisolublemente ligado a promocionar, conocer e interpretar nuestra cultura andina amazónica.
Como una muestra más de la recentralización en el sector educación podemos nombrar las intenciones del gobierno para que los directores regionales sean nombrados por un tribunal tripartito entre el gobierno regional, SERVIR y MINEDU, donde el centralismo cuenta con dos votos contra uno. Así se procedieron darse la licencia legal de nombrar a los directores de las UGEL, facultad que ya había sido descentralizada, simulando un concurso público y entorpeciendo la gobernanza regional.
El Ministerio de Salud (MINSA) tiene a su cargo el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), otro órgano paralelo al gobierno regional al tener facultad de formulación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversión para todos los niveles de complejidad, cuando en realidad los gobiernos regionales pueden desarrollar estas tareas sin mayor dificultad una vez trasferido los presupuestos. Al igual que en PRONIED solo es para mantener la casta burocrática dedica a tercerizar sus trabajos y con claros fines de privatizar la salud pública, haciendo que los hospitales sean construidos por APP o entregarlos mediante concesiones, como se pretendió hacer con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Concepción construido el socialista Gobierno Regional Junín.
El Ministerio de Transportes tiene a su cargo el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, pero a la vez a PROVÍAS DESCENTRALIZADO. Nuestro cuestionamiento es si su existencia se justifica a pesar de que los gobiernos regionales tienen cada uno su Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, pues en realidad se trata de un órgano paralelo dotado de presupuesto millonario para ejecutar obras de competencia regional. Esto pone en evidencia que el gobierno nacional no quiere perder el control económico de las carreteras en el país, prefiriendo mantener esta casta burocrática en la administración con fines de secuestrar el presupuesto regional y concesionar las carreteras departamentales.
El Ministerio de Agricultura tiene el mayor número de órganos paralelos, como los OPA (Organismos Públicos Adscritos): INIA, SENASA, ANA, SERFOR y SIERRA Y SELVA EXPORTADORA. También los programas AGROIDEAS, PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI y AGRORURAL. Además, manejan diez programas especiales entre ellos, respecto a Junín, SIERRA CENTRO SUR y DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO. No es que se pretenda desarmar al Ministerio de Agricultura, pues podemos demostrar que además de los órganos paralelos mencionados manejan importantes unidades ejecutoras como SIERRA AZUL, REDIAGRO, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CULTIVOS y el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA, todos con un presupuesto millonario. En un país descentralizado estos programas no debieran estar a cargo del ministerio, sino de la Dirección Regional de Agricultura de cada gobierno regional.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y amplió sus facultades para recentralizar las funciones que habían sido descentralizadas años atrás a los gobiernos regionales. Al intervenir la SUNAFIL en las jurisdicciones departamentales se les quitó a los gobiernos regionales las facultades de control fiscalizador en el área laboral con lo que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo pasaba simplemente a ser una oficina de promoción.
A todo este trabajo conspirativo de los órganos paralelos, se suma que los directores regionales perciben una remuneración irrisoria de 3500 soles mensual, mientras que los encargados de los órganos paralelos pueden llegar a ganar hasta 20,000 soles.
Retos de la descentralización. Los gobiernos regionales conforme vayan demostrando un buen dominio de sus facultades gubernamental deben reclamar la transferencia total de mayores competencias como por ejemplo sobre de la mediana minera y posiblemente más adelante sobre la gran minera; transferencia de facultades para el control de la tala; marco de licitaciones autónomas sin dependencia central de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado; transferencia total de los proyectos especiales; descentralización del Seguro Social (EsSalud); descentralización de la r administración de las infraestructuras deportivas; creación de la Dirección Regional de Economía y Finanzas en todas las regiones; traslado de domicilios fiscales y tributarios de las empresas a la región del lugar de operación y explotación de las riquezas; titulación de tierras urbanas y no solo en el área rural, sino en el área urbano; derecho marítimo de las regiones costeras sobre el mar territorial, etc.