CAPÍTULO III – NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO DEL ESTADO

El régimen económico es la piedra angular que define el modo de  producción en un país, actualmente vivimos en un sistema capitalista  aparentemente renovado, en un neoliberalismo económico, llamado  Economía Social de Mercado, impuesto desde el año 1993 y desde  entonces ha ido en contra de los intereses de las grandes mayorías del  país. Para cambiar esta triste realidad, es necesario plantear ajustes en  el campo económico, la mayoría de manera drástica. 

Nuevo modelo económico del Estado. Nuestro Partido plantea la  Economía Popular Con Mercados, aspecto abordado ampliamente en el capítulo anterior. No estamos en contra de la empresa privada  siempre que se traduzca su actividad en beneficio de la mayoría de los  peruanos, tampoco prohibimos la competencia empresarial estatal,  ninguno puede tener exclusividad, ni vetos.  

Nuevo rol económico del Estado. El Estado debe estimular la  creación de la riqueza, siempre que esta no surja, ni conlleve, a la  explotación, trata de personas, recorte de los derechos laborales,  contaminación ambiental, evasión de impuestos, violación de derechos  fundamentales, situación de neocolonia, inseguridad ciudadana,  corrupción, contratos lesivos al Estado, lesión de valores y principios  sociales, entre otras. La izquierda socialista no renuncia a la riqueza,  pero ésta debe ser social, no individual ni grupal. 

La tasa de crecimiento, que nos pretende hacer vivir en un falso  paraíso, no es el mejor indicador de un modo de producción, porque  ésta puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza gracias a la  explotación del pueblo y recorte de sus beneficios laborales en favor de  los dueños de los medios de producción. Podemos vender todos  nuestros recursos sin dejar nada al Estado, podemos permitir la  explotación y mejorará la tasa de crecimiento, pero no el bienestar  social. 

Nuevo pluralismo económico. Al plantear la Economía Popular Con  Mercados en contraste a la Economía Social de Mercado, liberamos al  Estado para que pueda crear empresa y competir equitativamente con  el empresariado privado. El Estado no puede estar ajeno a los  beneficios del mercado en pro de generar bienestar para su pueblo.

Nueva libre competencia. El Estado no solo debe combatir el  monopolio privado, sino debe prohibirlo de manera taxativa. No debe  haber lugar para la concertación de precios, el acaparamiento y la  especulación económica. Las empresas privadas pueden competir  libremente entre ellas y con el sector público. La exclusividad del  manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservados  para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en  materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y  otros que lo ameriten. 

Nueva libertad de contratar. El Estado peruano no puede dar  privilegios de rango constitucional al capital transnacional, perdiendo  soberanía e impidiéndose la revisión de los mismos, aún sean lesivos  al pueblo peruano. El Estado puede contratar, pero sin privilegios ni inmunidades legislativas, jurídicas ni tributarias, como  lamentablemente lo prevé la actual CPP.  

Deben revisarse todos los nefastos contratos-ley que han sido en  realidad la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Esta medida  permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades, en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado  solo con el miserable 30%, pero en otros casos se adjudican hasta el  80% y 90% de las ganancias por la explotación de nuestros recursos,  en clara desventaja para el desarrollo de nuestros pueblos. Planteamos  invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la  transnacional y 80% a favor del Estado. Ecuador y Bolivia demostraron,  bajo gobiernos de izquierda que esto es posible y viable.  

En Ecuador se renegoció los contratos petroleros establecidos en los  años 90, cuando el precio del barril bordeaba los 16 dólares, el Estado  recibía 4 o 5 dólares por barril, cuando los precios del petróleo subieron  aumentaron las compañías petroleras se volvieron multimillonarias y  aun así seguían pagando los 4 o 5 dólares. Con la Revolución  Ciudadana se implementó los contratos de prestación de servicios; el  petróleo es de Ecuador; se paga para que lo saquen y cancelan una  tarifa fija a la empresa petrolera en función de una razonable  rentabilidad y el resto, no importa el precio, suba o baje, va para el  pueblo ecuatoriano. Esta medida cuadruplicó su presupuesto anual.