El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que firmará el documento promovido por entidades como la Asociación Civil Transparencia y la Conferencia Episcopal Peruana que plantea respetar la democracia y los derechos humanos, denominado “Juramento por la democracia”.
“Suscribo la proclama ciudadana de la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Transparencia y Coordinadora Nacional de DD.HH. Doy mi palabra y estaré en la fecha, hora y lugar que ustedes indiquen para reafirmar mi compromiso con la democracia, a los derechos humanos y la libertad del Perú”, escribió en su cuenta de Twitter.
Pedro Castillo señaló que quiere que el Perú conmemore su bicentenario en “democracia y libertad”.
El “Juramento por la democracia” plantea que ambos candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se comprometan con la agenda urgente del país y con la “defensa de la democracia”.
El documento señala que, quien lo suscriba, jura poner en marcha los máximos esfuerzos para “vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica” y con la aplicación de la vacunación universal contra el coronavirus (COVID-19).
También exige respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos, incluyendo minorías y marginados.
“Que jure dejar el poder después del 28 de julio del 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección”, indica el juramento.
Asimismo, que cualquier cambio y/o reforma de la Constitución se haga a través de “los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de derecho”.
Las organizaciones civiles también incluyen la protección de la independencia de los poderes del Estado y la autonomía de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, entre otros.
Otros puntos plantean la promoción de una educación de calidad con equidad e inclusión, fortalecer la Sunedu, respetar la libertad de expresión, la libre expresión de sindicatos y gremios, promover la lucha contra la corrupción y no interferir en la labor de la fiscalía, policía, procuraduría y Contraloría.
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