Abogado Benji Espinoza, defensor del presidente Pedro Castillo, asevera que demandaría al Parlamento por una violación al debido proceso si vaca al mandatario sin haberle entregado los documentos que fundamentan la moción.
El presidente Pedro Castillo prevé presentar una demanda de amparo contra el Congreso si este acuerda su vacancia este miércoles 7 y, de ese modo, impedir una destitución del mandatario, según supo La República. El argumento de los abogados del jefe de Estado sería que la vacancia no tendría validez por una violación al debido proceso parlamentario.
Esta violación al debido proceso, según la defensa de Castillo, se daría porque el Congreso no ha entregado al mandatario los documentos que fundamentan la moción de vacancia.
Castillo devolvió la moción de vacancia al Parlamento dos veces pidiendo que adjunte documentos mencionados como sustento del pedido de destitución y alegando que esa falta le impide evaluar esas pruebas al desarrollar su defensa, lo que lo dejaría en indefensión. El Congreso le ha respondió dos veces diciendo que la moción está completa.
“La devolución es absolutamente legítima para garantizar el debido proceso parlamentario. ¿Quién tiene que garantizar el debido proceso? El Congreso. Al Congreso no le basta con hacer una invitación simbólica, sino que, para que esta tenga efectividad, tiene que acompañar todos los elementos. Si no los tiene más temprano que tarde esa decisión del Congreso tendrá que ser anulada por la justicia constitucional”, expresó Benji Espinoza, abogado de Castillo, a La República, vislumbrando un escenario para este miércoles 7.
Consideró que el ministro de Justicia, Félix Chero, se refería a ese cuestionamiento cuando comentó que el Gobierno no reconocería una vacancia contra Castillo como la que se busca. “Apunta básicamente a un cuestionamiento al respeto escrupuloso al debido proceso parlamentario. ¿Qué reconocimiento jurídico puede haber si es que se viola el debido proceso parlamentario? Depende del Congreso. Todo finalmente…”, dice Espinoza.
Plantearía “una acción constitucional inmediata para suspender una decisión” del Congreso que considere irregular. “La justicia constitucional tiene que actuar de inmediato”, aseveró.
“Sería a la justicia constitucional, los jueces y sus salas constitucionales. Esa sería una salida. Una demanda constitucional de amparo sería”, adelantó el abogado de Castillo.
Sostuvo que, con ese recurso judicial, conseguiría bloquear cualquier acción del Congreso para ejecutar una vacancia que sea cuestionada, como invocar a las Fuerza Armadas.