Pedro Castillo presentó una cuestión previa ante el juez supremo Juan Carlos Checkley para anular todo el proceso penal que la Fiscalía le inició por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
A través de su abogado Eduardo Pachas, Castillo alegó que el Congreso no realizó un antejuicio político en su caso y que por ello la prisión preventiva de 18 meses que se dictó en su contra está viciada.
De acuerdo al exgobernante, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debió presentar una denuncia constitucional en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que esta instancia evalúe si procede la investigación.
Benavides, como se recuerda, pidió al Pleno del Parlamento que le levante el fuero al exjefe de Estado al haber sido detenido en flagrancia. El Congreso interpretó que esa solicitud era viable y aprobó el requerimiento en votación, por ello el caso no pasó por la Subcomisión.
Además, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema avaló el procedimiento seguido. Los jueces concluyeron que Castillo fue detenido en flagrancia, es decir, en evidente comisión de un delito al anunciar el ilegal cierre del Parlamento.
De esta manera, según la resolución judicial, ya no era necesario que el antejuicio sea visto por la Subcomisión ni posteriormente por la Comisión Permanente, instancias en las que se deben analizar pruebas.
El juez Checkley programó para el martes 17 de enero la audiencia en la que evaluará el recurso.