El Poder Judicial da inicio al proceso del habeas corpus presentado en apoyo a Pedro Castillo, con el propósito de establecer un locutorio telefónico en el penal Barbadillo, donde el exmandatario se encuentra en prisión preventiva por su supuesta implicación en el golpe de Estado.
El abogado de Castillo, Walter Ayala, presentó la petición con el objetivo de permitir que el expresidente pueda mantener comunicación con su familia, tanto en el interior como en el extranjero.
La defensa legal dirigió el recurso en contra de Federico Javier Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), argumentando que la falta de acceso a la comunicación vulnera la libertad individual, un derecho fundamental.
Adicionalmente, se subraya el derecho del detenido a no ser sometido a un tratamiento que carezca de «razonabilidad y proporcionalidad».
Con base en estos argumentos, el juez Jorge Luis Ramírez Niño, del Quinto Juzgado, acepta para evaluación el recurso y ordena la apertura de una investigación.
El magistrado requiere que el presidente del INPE informe acerca de la solicitud de Pedro Castillo para la instalación de un teléfono en el penal y, además, se contacte al penal Barbadillo para que proporcione detalles relacionados con la demanda.