CAPÍTULO XIII – POLÍTICA EN SEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad ciudadana en el libre mercado es un negocio altamente rentable, se desarrolla bajo las leyes de la oferta y la demanda, esta es la razón principal del por qué con tantos medios, tecnología y marco legal, no se puede erradicar. El 53% de los peruanos percibe que vive en un país inseguro y si comparamos en América Latina, nuestro país tiene el mayor nivel de víctimas reales hasta en el 31%, lo que obliga al Estado tomar medidas inmediatas y contundentes.
Un gran problema lo constituye la tenencia ilegal de armas, la misma que debe ser combatida de manera enérgica tanto su tráfico interno y externo. También debe procederse al cierre de las tiendas y bazares donde se venden armamentos y municiones a personal civil bajo justificaciones pactadas. Al declararse la ilegalidad de la tenencia de armas de fuego a la par debe amnistiarse a los que en el plazo fijado por el Estado entreguen las armas.
Los miembros de las fuerzas armadas y policiales solo debieran portar armas de reglamento y no se debe permitir armamento particular, los cuales muchas veces se alquilan para actos delictivos. Debe procederse a la reorganización de la Policía Nacional del Perú, cuyos ascensos deben regirse por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por el falso academicismo impuesto en base a maestrías y doctorados que muchas veces nada tienen que ver con su desempeño o profesionalismo. También debe especializarse científicamente a la PNP, sin necesidad de desintegrar su unidad, frente a las nuevas modalidades criminales como la ciberguerra, interceptación ilegal de comunicaciones, delitos informáticos, rastreo electrónico, etc.
El marco legal debe ser modificado en base a la descentralización haciendo que el alcalde sea el responsable político de la seguridad ciudadana y el comisario el responsable técnico, debiendo responder por los resultados implementados. Adicionalmente, ningún gobierno regional y municipal está dotado de una partida económica destinada al rubro de seguridad ciudadana, razón por la que el Estado no tiene la autoridad moral de exigir resultados, metas o rendición de cuentas de manera precisa, aspecto que debe corregirse.
Hace falta una legislación que garantice la participación del pueblo en acciones de seguridad ciudadana para que puedan organizarse en su sector correspondiente, sobre sus deberes, derechos, facultades, limitaciones, responsabilidades, protección estatal, etc., brindándoles facilidades para no colisionar con sus actividades laborales.
Lima y el Callao tienen los más altos índices de inseguridad ciudadana en el país por tener mayor población inmigrante, nacional y extranjera, como consecuencia del centralismo económico, haciendo que tenga la delincuencia más fina, organizada y cruel del país. La descentralización económica definitivamente contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana.
La inseguridad ciudadana no se puede derrotar si no atendemos sus causas o factores predisponentes relacionados a la delincuencia como el analfabetismo, pobreza, migración, desempleo, trata, salarios bajos, derechos laborales restringidos, explotación, corrupción institucional, etc. A esto se suma la educación peruana que lamentablemente está orientada al neoliberalismo, al mercado, a la empresa o las ganancias lucrativas, por lo que debemos modificar nuestro currículo nacional para dar el pase de una educación basada en la oferta y la demanda a una que promueva valores y principios.
Muchos reos que purgan penitenciaría no tienen economía al salir de la cárcel y vuelven a delinquir, porque el Estado no tiene un plan al respecto. Los reos deben producir para el sector público o privado, el juez debe fijarlo en la sentencia, de lo producido el 50% debe destinarse a su familia, 30% para gastos personales y 20% debe depositarse en una cuenta personal, pero además debe promover su empleo en el sector público o privado previa calificación y aceptación de las partes.
Respecto a la seguridad implementada con rondas campesinas y comités de autodefensa el Estado debe respetarlas, porque las mismas están organizadas acorde a sus costumbres, cultura y estructura comunal, respaldadas además por convenios internacionales.