CAPÍTULO XI – SOBRE POLÍTICA LABORAL

Defendemos el derecho al trabajo, el derecho en el trabajo y el derecho  después del trabajo, así como la seguridad social con carácter  universal, que permitan una vida digna para los trabajadores. El trabajo  debe estar íntimamente ligado al derecho a la vida, desarrollo de la  persona, respeto a su dignidad y bienestar de su núcleo familiar, a fin  que constituyan pilares sólidos que sostengan una sociedad justa y  equitativa. El trabajo no solo es un derecho, sino un deber de la persona  y su protección debe estar a cargo del Estado. 

Siete de cada diez peruanos son informales laboralmente y no gozan  de derecho alguno. Las actividades con mayor capacidad de generar  empleo no son promovidas por el Estado, como la agricultura y la  industria, sin embargo, se obsesiona por promover la minería cuando  en realidad solo emplea a menos del 1% de la PEA. 

Sindicalismo en el socialismo. La libertad sindical debe ejercerse sin  restricciones, promoviendo su libre afiliación con responsabilidad y la  organización debe constituirse en un brazo de la producción y  productividad de la empresa, puesto que, solo en la medida que la  empresa tenga éxito, las condiciones laborales mejorarán para los  trabajadores mediante la negociación colectiva.  

Debe establecerse formas de participación de los dirigentes gremiales  en las diferentes instancias de gobierno, la política laboral debe elevar  la moral del trabajador, la solidaridad de los trabajadores para con los  intereses del pueblo y la nación, orientado a que la clase trabajadora  se convierta en un elemento con influencia sobre el Estado, debe  orientarse esfuerzos a defender la estabilidad laboral, búsqueda de la  equidad laboral de género, fomentar una remuneración acorde con las  necesidades básicas, mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y  salud ocupacional, ampliar la cobertura de la seguridad social, promover la capacitación de los trabajadores, establecer medios 

eficaces para democratizar la representación laboral y la resolución de  los conflictos laborales, postulados que la Izquierda Unida ya los había  planteado. 

Los líderes sindicales deben capacitarse para comprender el  funcionamiento económico del Estado, no es lo mismo reclamar a una  transnacional que al Estado. Correa explicó que cuando se disputa  renta al capital privado se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al Estado se afecta a la sociedad, en el primer caso en forma  legítima disminuye la rentabilidad de las acciones; en el segundo, en  forma ilegítima disminuyen los libros para nuestros niños, las medicinas  para nuestras familias, los caminos para nuestros pueblos. 

Sobre los derechos laborales. La escasez del empleo remunerado,  promueve condiciones que son aprovechadas para reducir o  desconocer derechos adquiridos de los trabajadores, llegando al  extremo de no abonársele ni la remuneración mínima vital por jornadas  laborales que sobrepasan largamente las ocho horas diarias. Ningún  derecho laboral debe sufrir restricciones o ser abolido, por el contrario,  debemos abolir toda forma de evasión de responsabilidad laboral  empresarial, como la tercerización laboral, las services, el contrato a  plazo fijo o indeterminado, el trabajo por horas, el despido de las  embarazadas, puérperas y madres con niños menores de un año de  edad, garantizándoseles un trabajo digno. La obligación del Estado  socialista debe extenderse a la preocupación por subempleo y el  empleo precario, pues está demostrado que la forma más digna de  enfrentar la pobreza es la generación de trabajo, buenos salarios y  seguridad social. 

Trata de personas. Constituye sin lugar a dudas una amenaza para el  Estado por lo que debe ser combatida con energía. La experiencia de  la súbita inmigración venezolana al país demostró que el Estado  neoliberal es un promotor de la trata, porque los migrantes trabajaban  más de ocho horas diario, perciben la tercera parte del sueldo mínimo,  sin derecho al seguro social, sin compensación por tiempo de servicios,  sin derecho a la maternidad y escolaridad, entre otros, donde el único beneficiado es el sector privado. 

Sobre la explotación infantil. Nuestro país tiene la tasa más alta en  el continente de niños y adolescentes que trabajan, llegando a la suma  alarmante de 1 millón 274 mil 100, lo que constituye un 21.8% de niños  y adolescentes que trabajan en nuestro país, según la OIT al 2019. La  mayoría de la explotación es rural (88%) y se da en los campos  agrícolas y actividades pecuarias (58%), seguida del comercio al por  menor (12%), trabajo ambulante (8%) y limpieza (2%). El Estado  socialista debe abolir todo tipo de trabajo infantil como expresión de  justicia y lucha contra la explotación, por lo que tomamos como  prioridad su erradicación, recusándolo contundentemente, condenando a personas y empresarios que exploten y comercialicen bajo esta  modalidad criminal. 

Remuneración laboral. No existe una política clara sobre  remuneraciones, somos el único país latinoamericano que no cuenta  con un código laboral, aunque se tenga alguna legislación laboral, por  lo que urge su elaboración en consenso del gobierno, colegios  profesionales y trabajadores. Producto de esta anarquía existen  funcionarios que ganan más que el propio presidente de la República  que gana 15,500 soles, por ejemplo el presidente de la Corte Suprema  gana 47,000 soles, el presidente del Banco Central de Reserva gana  41,600 soles, el presidente de la Superintendencia de Bancos (SBS)  gana 41,600 soles, el Contralor General de la República gana 33,100  soles, los ministros de Estado ganan 30,000 soles, el superintendente  de la SUNAT gana 25,000 soles, el superintendente de SUNAFIL gana  15,600 soles, asimismo los titulares de SUNASS, SUSALUD, OSCE,  INDECOPI, OSIPTEL, OSITRAN, OSINERGMIN, IRTP, congresistas,  magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público,  miembros del Tribunal Constitucional, tiene sueldos base de 15,600  soles, mientras la remuneración mínima vital (RMV) es de 930 soles  para la clase trabajadora peruana. 

El congelamiento de los sueldos en el país responde a la ausencia de  industrialización, ausencia de empresas estatales, al aumento de la  deuda externa e interna y al carácter acumulador del Estado que se  niega a la redistribución del patrimonio generado por la clase  trabajadora peruana. El Estado socialista está obligado a honrar la  deuda social de todos los sectores que hasta ahora han sido  postergados obligándolos a una judicialización innecesaria de un  derecho inalienable. 

Considerando que las ganancias de una empresa no es producto del  trabajo individual, sino del trabajo colectivo, Correa plantea que los  sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las  remuneraciones de los obreros, así podrá un empresario ganar muy  bien, pero pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte  veces su propio sueldo.  

Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de  Pensiones (SPP). La AFP (Administradora de Fondo de Pensiones), es una forma de esclavitud moderna, cercana a la trata de personas, al ser empresas privadas pertenecientes al SPP el Estado neoliberal  negocio con ellas la entrega de un mercado cautivo, sin riesgo de  pérdida, obligando al trabajador aportar a estas entidades sin mayor  oportunidad de escoger otra. Sin permiso alguno, las AFP introducen el  dinero captado en las bolsas de valores y cualquier rentabilidad lo  reparten siempre beneficiándose con los mejores porcentajes y, por el  contrario, cualquier pérdida siempre es cargada integralmente a los  trabajadores. 

Cuestionamos que para cualquier pretensión laboral es obligatorio  haberse afiliado a una AFP. Nuestra postura es fortalecer el SNP y  eliminar paulatinamente el SPP, pues este último tiene un fin lucrativo  al cobrar porcentajes de hasta del 30% solo por administrar los aportes,  un robo a todas luces, entregando pensiones miserables. Con toda  seguridad si los pensionistas ahorraran su dinero en cualquier banco,  aún con tasas bajas, ganarían mucho más, garantizando una mejor  atención frente a la vejez, el fallecimiento y la invalidez. 

Derecho al trabajo de los discapacitados. Las personas con  discapacidad son ignoradas y discriminadas por la sociedad capitalista,  consideramos que en el derecho al trabajo esta discriminación es  innoble, razón por la que debe ser un sector especialmente protegido  en el socialismo, garantizándoles condiciones laborales que  promuevan su formación, capacitación y acceso a una justa  remuneración. 

Sectores que garantizan trabajo en masa. El Estado socialista debe  generar empleo mediante la industrialización del país y tecnificación del  sector agrícola, entre otros, para garantizar bienestar al 65% de los  peruanos de manera directa e indirecta. Además, afianzar la agricultura  significa seguridad frente a un inminente bloqueo alimentario exterior al  declarar el carácter del Estado.