En el mundo civilizado la descentralización es una forma de organización democrática, constituyendo una política permanente, obligatoria, dinámica, irreversible, democrática, integral, subsidiaria y gradual del Estado. Tiene como fin la asignación de competencias exclusivas, compartidas o delegadas a los gobiernos subnacionales, evitando la duplicidad de los esfuerzos y optimizando los recursos económicos.
En nuestro país, la descentralización se encuentra paralizada y peor aún conspirada por el centralismo gubernamental al haberse creado órganos paralelos a los gobiernos regionales, duplicando funciones, recentralizando facultades, trabando administrativamente, manteniendo castas burocráticas, tercerizando trabajos propios y promoviendo la privatización de las instituciones estatales. El fin es desaparecer estructuralmente los gobiernos regionales y, para evitar la crisis, tener activo a los órganos paralelos como sustitutos inmediatos.
Descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas Deben crearse en cada departamento la Dirección Regional de Economía y Finanzas. El MEF es el único ministerio que no ha sido descentralizado en forma de dirección a los gobiernos regionales a diferencia del resto y a ello se debe el fracaso de la descentralización fiscal y tributaria.
Si no hay autonomía económica no hay descentralización real ni federalización futura, pues existen en el país varias regiones que aportan ingente cantidad de dinero al erario nacional, sin embargo, se desconocen las reales cifras y sus destinos porque el Estado neoliberal lo maneja con secretismo absoluto. Pese a que la contribución desde las regiones es alta, estas ostentan cifras de pobreza extrema, tal es el caso de Huancavelica y Cuzco con respecto a la Central Hidroeléctrica del Mantaro y al gas de Camisea, respectivamente, que en nada han contribuido al desarrollo de las comunidades donde están asentadas.
República Federal y constitución de Estados federados Como en toda democracia civilizada para que los pueblos gocen plenamente lo proveído por la naturaleza es necesaria la autonomía descentralizada y ella logra su máxima cúspide cuando se convierte en una República Federal. Esto implica una amplia descentralización política, administrativa, económica, fiscal, tributaria, jurídica, policial, vial, etc., que convierte a los gobiernos regionales en estados federados, siendo la primera y la última instancia en la toma de decisiones correspondientes a su jurisdicción, permitiendo solo en caso expreso la intervención del nivel nacional.
Descentralización fiscal y tributaria
Actualmente el gobierno central recauda el 98% de los impuestos fiscales, los municipios el 2% y los gobiernos regionales 0%. En los estados federados cambiaría drásticamente esta realidad, los gobiernos subnacionales tendrían la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70% del mismo (40% regional y 30% municipal) y el 30% de la recaudación debe transferirse al gobierno central para las políticas rectoras y de control del Estado.
Apertura de las cajas o financieras regionales
Deben autorizarse a los gobiernos regionales la apertura de las cajas regionales, como tienen las municipalidades, sin embargo, en el Estado que permite y protege el monopolio privado de la gran banca esto se torna inviable ante la posibilidad de advertir una competencia preocupante. Las cajas regionales serían una alternativa económica y financiera para nuestros pueblos al otorgarles préstamo a los sectores más vulnerables con facilidades crediticias y bajas tasas de interés.
Este noble fin es conspirado porque estamos frente a un Estado neoliberal que impide el surgimiento de la banca estatal y la explicación es porque la banca internacional establecida hace décadas goza de exclusividad en el mercado, benevolencias que la actual Constitución los protege e imponen las tasas de interés más altas, obteniendo ganancias incalculables y explotando al pueblo.
Reconocimiento del Estado plurinacional. El Estado peruano tiene que reconocer que somos un país plurinacional, condición fundamental para trazar las políticas de Estado y terminar con la segregación centralista uninacional contra los pueblos del Perú Profundo. Esta herramienta es importante porque permite labrar en la conciencia de todos los peruanos la nueva sociedad, identificando objetivos generales y específicos acorde a la peculiaridad de cada pueblo.
Eliminación del Estado centralista. Desde hace muchos años hasta la actualidad, el gobierno central sigue asignándose el 70% del presupuesto, dejando para los 25 gobiernos regionales el 18% y para las 4385 municipalidades el 12%. Este reparto arbitrario se expresa luego en la opulencia económica que poseen algunas ciudades y la pobreza extrema de otras, haciendo que la brecha de la desigualdad entre las clases sociales se amplíe y sean más difíciles de cerrarlas.
Eliminar órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales
El Ministerio de Educación (MINEDU) tiene a su cargo el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), dependencia encargada de la identificación, ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. En realidad, es una duplicidad funcional, los gobiernos regionales ejecutan obras de cientos de millones de soles y han demostrado la suficiente capacidad técnica para llevarlas a buen término. En realidad, quieren seguir manteniendo una casta burocrática que al final terceriza sus deberes a las consultoras y tienen el vil objetivo de privatizar la educación, pues por función promover la participación del sector privado en la educación pública, financiando y ejecutando proyectos de inversión, como se pretenden construir los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), en Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco, mediante las Asociación Público Privadas (APP), concesionándolos por veinte años.
Como una muestra más de la recentralización en el sector educación podemos nombrar las intenciones del gobierno para que los directores regionales sean nombrados por un tribunal tripartito entre el gobierno regional, SERVIR y MINEDU, donde el centralismo cuenta con dos votos contra uno. Así se procedieron darse la licencia legal de nombrar a los directores de las UGEL, facultad que ya había sido descentralizada, simulando un concurso público y entorpeciendo la gobernanza regional.
El Ministerio de Salud (MINSA) tiene a su cargo el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), otro órgano paralelo al gobierno regional al tener facultad de formulación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversión para todos los niveles de complejidad, cuando en realidad los gobiernos regionales pueden desarrollar estas tareas sin mayor dificultad una vez trasferido los presupuestos. Al igual que en PRONIED solo es para mantener la casta burocrática dedica a tercerizar sus trabajos y con claros fines de privatizar la salud pública, haciendo que los hospitales sean construidos por APP o entregarlos mediante concesiones, como se pretendió hacer con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Concepción construido el socialista Gobierno Regional Junín.
El Ministerio de Transportes tiene a su cargo el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, pero a la vez a PROVÍAS DESCENTRALIZADO. Nuestro cuestionamiento es si su existencia se justifica a pesar de que los gobiernos regionales tienen cada uno su Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, pues en realidad se trata de un órgano paralelo dotado de presupuesto millonario para ejecutar obras de competencia regional. Esto pone en evidencia que el gobierno nacional no quiere perder el control económico de las carreteras en el país, prefiriendo mantener esta casta burocrática en la administración con fines de secuestrar el presupuesto regional y concesionar las carreteras departamentales.
El Ministerio de Agricultura tiene el mayor número de órganos paralelos, como los OPA (Organismos Públicos Adscritos): INIA, SENASA, ANA, SERFOR y SIERRA Y SELVA EXPORTADORA. También los programas AGROIDEAS, PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI y AGRORURAL. Además, manejan diez programas especiales entre ellos, respecto a Junín, SIERRA CENTRO SUR y DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO. No es que se pretenda desarmar al Ministerio de Agricultura, pues podemos demostrar que además de los órganos paralelos mencionados manejan importantes unidades ejecutoras como SIERRA AZUL, REDIAGRO, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CULTIVOS y el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA, todos con un presupuesto millonario. En un país descentralizado estos programas no debieran estar a cargo del ministerio, sino de la Dirección Regional de Agricultura de cada gobierno regional.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y amplió sus facultades para recentralizar las funciones que habían sido descentralizadas años atrás a los gobiernos regionales. Al intervenir la SUNAFIL en las jurisdicciones departamentales se les quitó a los gobiernos regionales las facultades de control fiscalizador en el área laboral con lo que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo pasaba simplemente a ser una oficina de promoción.
A todo este trabajo conspirativo de los órganos paralelos, se suma que los directores regionales perciben una remuneración irrisoria de 3500 soles mensual, mientras que los encargados de los órganos paralelos pueden llegar a ganar hasta 20,000 soles.
Retos de la descentralización. Los gobiernos regionales conforme vayan demostrando un buen dominio de sus facultades gubernamental deben reclamar la transferencia total de mayores competencias como por ejemplo sobre de la mediana minera y posiblemente más adelante sobre la gran minera; transferencia de facultades para el control de la tala; marco de licitaciones autónomas sin dependencia central de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado; transferencia total de los proyectos especiales; descentralización del Seguro Social (EsSalud); descentralización de la r administración de las infraestructuras deportivas; creación de la Dirección Regional de Economía y Finanzas en todas las regiones; traslado de domicilios fiscales y tributarios de las empresas a la región del lugar de operación y explotación de las riquezas; titulación de tierras urbanas y no solo en el área rural, sino en el área urbano; derecho marítimo de las regiones costeras sobre el mar territorial, etc.