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El abogado del expresidente Pedro Castillo solicita que se retire la inmunidad parlamentaria a los 101 congresistas que respaldaron el proceso de destitución presidencial.

Han transcurrido más de seis meses desde que el Congreso destituyó a Pedro Castillo de su cargo presidencial. En respuesta a esto, el abogado de Castillo, Walter Ayala, ha solicitado que se retire la inmunidad parlamentaria a los 101 legisladores que respaldaron la moción de vacancia.

Ayala declaró: «Es necesario desaforar a los 101 congresistas, ya que han violado la Constitución, y los suplentes deberían asumir sus cargos. Un nuevo Parlamento debería llevar a cabo un nuevo proceso de destitución si lo consideran apropiado, pero esta situación debe ser corregida».

El exministro de Defensa también hizo hincapié en que Castillo Terrones debería haber enfrentado un juicio político por sus declaraciones desde el Palacio de Gobierno.

«En el peor de los casos, se le debería haber sometido a un proceso de infracción constitucional, regulado por el artículo 89. Un juicio político que requiere un debido proceso», comentó.

Finalmente, Walter Ayala afirmó que Pedro Castillo recibió amenazas de muerte el 7 de diciembre de 2022 para que leyera el mensaje a la nación.

El abogado de Pedro Castillo sostiene que el golpe de Estado ocurrió «bajo amenazas de muerte».

El abogado Eduardo Pachas, encargado de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, presentó una nueva versión de los eventos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, durante el intento de golpe de Estado. Afirmó que Castillo leyó el mensaje a la nación que ordenaba el cierre del Congreso de la República debido a amenazas de muerte, tomando una «decisión astuta y estratégica». Esta información se encuentra documentada en la denuncia penal 138-2023 presentada ante la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Durante una conferencia de prensa, el abogado explicó que el presidente Castillo detalló minuciosamente en más de 60 páginas lo sucedido el 7 de diciembre. Según sus declaraciones, Castillo se vio obligado a leer el discurso bajo la coacción de amenazas de muerte y se encontraba acorralado y emboscado. Además, afirmó que si no se suspendía o destituía al presidente en ese momento, tanto él como su familia enfrentarían consecuencias fatales.

El juez deniega la medida de prisión preventiva para la esposa de Castillo.

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la solicitud de prisión preventiva para Lilia Paredes, esposa del ex presidente Pedro Castillo, quien se encuentra asilada en México desde diciembre pasado. Lo mismo ocurrió con sus hermanos Walter y David Paredes.

La fiscalía había solicitado esta medida para los tres, quienes están siendo investigados por su presunta participación en una red criminal dentro del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo (Caso Anguía). Específicamente, se solicitó cambiar su comparecencia simple, que venían cumpliendo desde agosto del año pasado, por prisión preventiva.

Al momento de tomar su decisión, el juez recordó que uno de los requisitos para aplicar la prisión preventiva es que exista nueva evidencia. Al analizar la evidencia presentada por la fiscalía, se percató de que todos los elementos presentados datan de mediados del año pasado, cuando la investigación contra ellos solo estaba bajo comparecencia simple.

Por lo tanto, el juez consideró que no se cumplía ese requisito para aplicar la prisión preventiva a los tres investigados. Además, argumentó que el asilo político otorgado por México a Lilia Paredes no debía ser considerado como una amenaza para la investigación en su contra. En consecuencia, declaró infundada la solicitud de la fiscalía.

Durante la audiencia del 25 de mayo, el fiscal Jorge García Juárez estimó que Paredes Navarro podría enfrentar una condena de 8 años de prisión por el presunto delito de organización criminal. Además, reiteró que la ex primera dama habría sido la coordinadora de la presunta red criminal, con el entonces presidente Pedro Castillo como cabecilla.

Aníbal Torres desafía al Congreso a refutar su afirmación de que «Pedro Castillo continúa siendo el presidente»

Aníbal Torres hizo hincapié en que el Congreso desobedeció la Constitución y su propio reglamento, lo que, en su opinión, constituyó un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Tras estas declaraciones, Aníbal Torres instó al Parlamento a presentar el documento numerado de la moción de vacancia.

«El 7 de diciembre no hubo ninguna destitución ni transferencia de poder presidencial, por lo tanto, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de la República», afirmó rotundamente.

Argumentos de Aníbal Torres
Torres Vásquez expuso las bases en las que fundamenta la ilegalidad de la vacancia. En primer lugar, mencionó que el Congreso debió debatir y votar la moción de vacancia presentada por el congresista Edward Málaga, pero aseguró que no lo hizo.

Señaló que el Parlamento debió presentar por escrito una moción de orden del día con un mínimo de 26 firmas, además de enviar una copia al entonces presidente Pedro Castillo.

En su opinión, la destitución del mandatario requería contar con 104 votos, pero solo se obtuvieron 101. Por lo tanto, según sus palabras, «no cumplieron ninguno de los requisitos».

El abogado de Pedro Castillo describió a la presidenta Dina Boluarte como una «usurpadora».

Wilfredo Robles, el abogado de Pedro Castillo, acusó a la presidenta Dina Boluarte de ser una «usurpadora» y criticó al Congreso de la República, a quienes responsabilizó de un supuesto acuerdo político para sacar al exmandatario del poder después del golpe de Estado de diciembre de 2022.

En una entrevista con Octavo Mandamiento, el abogado expresó su opinión: «Creo que Dina Boluarte y el Congreso usurparon su cargo, y son las poblaciones del sur que se declaran en desobediencia, que no reconocen a la usurpadora, las que están siendo reprimidas y sometidas a ejecuciones extrajudiciales, algo que nadie niega».

En relación al presunto decreto ley que se utilizaría para la disolución del Congreso, el representante legal de Pedro Castillo negó su existencia: «No es posible que él lo sepa, ya que en la diligencia del 31 de mayo no se menciona que se haya encontrado un archivo de ese tipo. Creo que estamos ante una noticia falsa, y me preocupa porque la Fiscalía afirma que el programa Contracorriente le envió un oficio al respecto».

Asimismo, el abogado calificó el golpe de Estado que llevó a cabo Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 como un «acto político» y descartó que se tratara de una «ruptura democrática»: «Según mi cliente, al ver su destino sellado y su situación política perdida, hizo una proclama debido a que muchas de las poblaciones que protestan ahora siempre le reclamaron su promesa de una nueva Constitución».

El Poder Judicial ha aceptado el recurso para anular la destitución presidencial presentado por Pedro Castillo.

La Tercera Sala Constitucional de Lima ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el expresidente Pedro Castillo para anular la resolución del Congreso que lo destituyó por incapacidad moral.

El juzgado considera que la demanda cumple con los requisitos legales y ha solicitado a los procuradores del Poder Judicial y del Parlamento que presenten sus argumentos en un plazo de 10 días.

Se ha programado una audiencia virtual para el 23 de junio, en la que se evaluará el recurso con la participación de Castillo desde la prisión de Barbadillo.

En la demanda, Castillo busca restablecer sus credenciales como Presidente de la República y anular cualquier acto del Congreso que impida su reinstalación en el cargo.